El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó la presentación de demandas civiles ante tribunales federales para revocar la ciudadanía a personas naturalizadas que incurrieron en fraude, falsificación de identidades u ocultamiento de delitos. Entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026, la autoridad federal radicó 40 demandas en todo el país, incluyendo expedientes en el Distrito Sur de la Florida que involucran a ciudadanos nacidos en Colombia, Cuba, Haití, Irán, Pakistán y México.
Expedientes en el sur de la Florida y fundamentos de litigio civil
El plan prioritario del Departamento de Justicia instrucción a la sección de litigios civiles para tramitar causas ligadas a amenazas a la seguridad nacional, delitos graves y fraude en la obtención del estatus migratorio. Entre los expedientes radicados en los tribunales del sur de la Florida figura el caso de Yusmary Shirley Durán Mejía, de 47 años, residente en Hialeah nacida en Colombia, quien ingresó a Estados Unidos en 2007, obtuvo la ciudadanía en 2018 y fue condenada en 2020 por conspiración para el lavado de dinero tras reconocer actividades ilícitas previas a su naturalización.
Asimismo, la fiscalía presentó demandas contra el empresario de Miami Ralph Nabavi por ocultamiento de evasión fiscal de USD 12,5 millones en ingresos no declarados; Arnouse Merlien, nacida en Haití, por fraude tributario ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS); el exalcalde de North Miami, Philippe Bien-Aime; y el exembajador Víctor Manuel Rocha, condenado a 15 años de prisión por espionaje para el gobierno de Cuba.
| Parámetro / Indicador | Cifra u origen verificado |
| Demandas civiles nacionales (Ago-Oct 2026) | 40 acciones judiciales radicadas |
| Casos históricos anuales (1990-2017) | 305 totales (~11 promedio anual) |
| Revisiones asignadas a fiscalías | 384 posibles expedientes |
| Población nacida en el extranjero en Miami-Dade | Más del 50% de los residentes |
Estándar probatorio, garantías legales y contexto migratorio
Especialistas en derecho migratorio precisan que la cancelación de la ciudadanía exige un proceso judicial complejo ante cortes federales. David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, explicó que el gobierno federal debe demostrar las irregularidades mediante pruebas claras, inequívocas y convincentes, por lo que la medida no afecta de forma indiscriminada a la mayoría de los ciudadanos naturalizados.
La legislación estadounidense autoriza solicitar la revocación cuando la ciudadanía fue obtenida de forma ilegal o mediante la omisión deliberada de hechos relevantes durante el trámite. Las condenas penales posteriores a la naturalización no generan la pérdida automática del estatus, requiriendo que los fiscales demuestren un vínculo directo entre las faltas cometidas y la invalidez legal del proceso de naturalización.
